En 2012, se solicitaron 3.019 patentes en Chile. Una cifra pálida si se compara con las 652.777 solicitudes realizadas en China o las 542.815, de Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ese mismo año, nuestro país invirtió el 0,35% en I+D, el porcentaje más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el promedio de gasto en este ítem llega al 2,4%. La cifra nacional está muy lejos aún de Corea, país que lidera este ranking con el 4,36%, o sus seguidores Israel y Finlandia, que gastan el 3,93% y 3,55% del PIB, respectivamente.
Ante estos números, el Estado está interesado en promover la innovación a través de agencias como Corfo. De hecho, la actual administración Bachelet se puso la meta de subir 0,25 puntos y llegar a gastar el 0,6% del PIB en este ítem en 2013, resultado que se comprobará en 2015.
Pero el desafío también alcanza a las universidades. En el año 2013, se presentaron un total de 102 solicitudes al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual: 19 fueron hechas por universidades o centros de investigación, 27 por personas jurídicas y 56 por personas naturales. Entre las universidades, el ranking fue liderado en 2011 por la Universidad de Concepción. La Universidad de Chile, en tanto, ocupó el cuarto puesto.
Mejorar estas cifras implica reestructurar el funcionamiento de la academia. “Si la investigación aplicada empieza a tener más volumen, se deberá evaluar a los investigadores no solo por la docencia y publicaciones como hoy en día, sino también por su contribución a esta actividad. Esto planteará dificultades al distinguir a la investigación aplicada de la asesoría, pues los resultados de la primera se ven a largo plazo“, señala Jaime San Martín, investigador del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la U. de Chile.
Este centro de excelencia, por ejemplo, está buscando introducir en el mercado los resultados de sus investigaciones. Esto ya está ocurriendo con el ecógrafo portátil, de bajo costo y un volumen de apenas 800 gramos, que acaba de ganar un Go-to-market, concurso de Corfo que busca apoyar la comercialización de tecnologías provenientes de proyectos de I+D. Otro caso es la chaqueta de monitorización móvil, equipada con sensores que envían datos en tiempo real de lo que sucede en las minas para que los supervisores tomen decisiones oportunas antes de que ocurran accidentes o haya problemas, cuyos creadores ganaron el desafío global Intel en 2013. Y algo parecido sucede con el software de optimización de energía para el ferrocarril urbano desarrollado en el marco del proyecto europeo Osiris.
“Queremos ir más allá de los prototipos, que son soluciones hechas a medida. Para ello, vamos directamente al producto, no a ser propietarios y, así, vamos desarrollando proyectos con impacto en la sociedad”, comenta Alejandro Jofré, director del CMM.
Las instituciones de educación superior también se han sumergido en el ecosistema de la innovación a través de la creación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL), encargadas de proteger y transferir las conclusiones del trabajo científico, asesorando a los científicos en temas como propiedad intelectual, patentamiento y creación de negocios. La existencia de OTL en universidades chilenas es un fenómeno reciente y sus capacidades todavía son limitadas. En la Universidad de Chile, esta oficina nació en 2002.
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), en tanto, fundó hace 10 años Universidad y Tecnología, Fundación para la Transferencia Tecnológica (Untec) que ejecuta proyectos de investigación aplicada por encargo de entidades públicas y privadas. Hoy, es una institución independiente, lo que la libera de la carga burocrática que significa pertenecer al Estado. “Los académicos prefieren trabajar con nosotros por las ventajas administrativas que tenemos”, apunta Roberto Corvalán, director de Untec. En su análisis, las universidades privadas —tanto tradicionales como no tradicionales— pueden actuar con más agilidad y libertad en innovación, ya que dependen menos de la estructura gubernamental.
Para Felipe Álvarez, vicedecano de la FCFM y director del proyecto Ingeniería 2030, otro factor clave es lo que sucede en las salas de clases de las universidades: “Son importantes las habilidades profesionales como la capacidad de integrar información de diferentes campos disciplinarios, disposición a innovar, comunicarse efectivamente o trabajar en equipo”. Por eso, la facultad está reformando su plan de estudios a través de la creación de cursos que promuevan la generación de proyectos desde el primer año.
Experiencia internacional
En Reino Unido las universidades juegan un papel fundamental desde el modelo de la triple hélice, el cual establece relaciones recíprocas entre universidad, empresa y gobierno. Ahí, las responsabilidades son compartidas: hay un impulso de parte de la ciencia y una demanda de tecnología del mercado, al mismo tiempo que el Estado actúa como catalizador. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, ha creado empresas que expanden una red local de negocios que fomenta la transferencia tecnológica. Lo peculiar de su funcionamiento es que mantienen su independencia, aunque se vinculen a la universidad.
Otra experiencia interesante es la belga, donde la transferencia tecnológica es realizada por empresas con equipos multidisciplinarios, como Sopartec o Interface, que están ligadas a la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Lieja, respectivamente. De hecho, Bélgica ha impulsado la inversión en I+D a través de fondos públicos y privados. Para crear oportunidades de colaboración, la Universidad de Chile firmó un acuerdo en abril 2014 con seis universidad de ese país. Y fue en el marco de este convenio que se realizó un seminario en el CMM con representantes belgas, donde se rescató lo mejor de sus experiencias.
Así, tanto en Reino Unido como en Bélgica, el proceso de transferencia se comparte entre quienes generan el conocimiento —la universidad—, quienes lo aplican —empresa— y quienes lo financian —agentes de inversión.
“La transferencia tecnológica va más allá de los usos de las patentes y los derechos, pues implica además medios, capital y un modelo de negocio”, explica Jorge Amaya, académico del CMM. Su apuesta es crear una entidad autónoma dependiente de la universidad o de la facultad que vincule a estos tres actores. Esto requeriría un alto capital semilla, pero se financiaría a través de los overhead de los proyectos o costos indirectos destinados a gastos administrativos y de infraestructura, entre otros. Este modelo generaría beneficios propios a partir del proyecto que se quedarían en la entidad, lo que sería un incentivo para los investigadores, ya que se invertirían en futuras investigaciones.
El consenso es que orientar al país hacia la transferencia requiere fondos importantes y mucho tiempo. “Es un proceso complejo. Hay que tener una visión a largo plazo, lo que no es fácil, ya que los gobiernos trabajan a muy corto plazo”, indica Benoit Buntinx, gerente de la empresa belga GreenWatts.
Chile tendrá que lidiar con estos y otros obstáculos, como la ausencia de un fuerte tejido industrial o la gran cantidad de universidades que impide racionalizar los recursos que fomentan la investigación. La innovación es ya un tema que está en la agenda de académicos, instituciones gubernamentales y el sector privado.
